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A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

RECTA FINAL EN LA IMPUGNACIÓN COLECTIVA CONTRA LA
PÉRDIDA DE LOS DERECHOS SOCIALES DE LAS PERSONAS
MINUSVÁLIDAS AFECTADAS POR VIH .
EL TRIBUNAL SUPREMO DECIDIRÁ AHORA SOBRE LA
LEGALIDAD DEL DECRETAZO
La impugnación de los Decretos de Minusvalías 1971/99 y 1169/03
realizada por la Mesa Sida Galiza, es un proceso que ha venido a dar
respuesta, tanto jurídica como política, ante la grave actuación realizada
por el Gobierno Español lesionando los derechos irrenunciables de las
personas minusválidas enfermas de VIH/SIDA.
Tras 9 años de pelea, contra la pérdida de derechos por «decreto», el pleito
se encuentra pendiente de sentencia

Como muestra del «impacto» que supuso la aplicación retroactiva de la
citada norma, podemos citar los casos de F.C.S. y de J.P.R., cuyos
Expedientes Administrativos rezán ya en Autos.
La primera de las personas citadas, F.C.S., se encuentra en la cárcel,
aquejada por diversas enfermedades oportunistas asociadas al Sindrome
de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) que sufre, presentando un cuadro
clínico de Inmunodeficiencia Severa, Hepatitis C y Neumonías de
repetición. Esta persona, gravemente enferma y privada de libertad, que
tenía asignado un GRADO de MINUSVALÍA del 81 % con anterioridad a
la entrada en vigor del Real Decreto impugnado, vió como, tras ser
revisado su caso al amparo del la «nueva norma», su NIVEL de
minusvalía descendiá «paradójicamente» hasta un 0 %, ello supuso la
pérdida de los derechos derivados de su condición de minusválido y, en
consecuencia la retirada de la Prestación No Contributiva..
En igual situación, se encontró el también enfermo J.P.R., el cual, como
se desprende de la prueba practicada, perdió las Prestaciones de
Orfandad e Hijo a Cargo (INSS) que venía percibiendo por su estado de
salud, al serle asignado un nivel muy inferior al 65 % de minusvalía en la
revisión «programada», perdiendo con ello su estatus protector.
Huelga decir que no estamos ante casos «aislados y anecdóticos», puesto
que las historias de vida relatadas, se repitieron y se repiten en cientos y
cientos de personas enfermas de VIH/SIDA.
Los datos «citados» han sido constatados en la práctica de la prueba
realizada ante el Tribunal Supremo, con la remisión por parte de las
CC.AA de multitud de expedientes de valoración del grado de minusvalía
a instancias de la parte demandante, determinándose así «los concretos y
reales efectos que ellos y ellas sufrieron”, acreditándose vergonzosamente
que, de la noche a la mañana, cientos de personas enfermas e indefensas
perdieron su estatus protector por la «insidiosa» aplicación una norma
limitadora de derechos.
Han sido tales los efectos e importancia de esta situación ahora
constatada, que ha merecido el anterior posicionamiento del propio
Tribunal Supremo, en recursos de Unificación de Doctrina Nº 2597/2003,
Ponente Benigno Varela Autrín, Sentencia de 6 de Abril de 2004; recurso
6540/2003, Sentencia de 17 de Enero de 2005; recurso 2070/2004,
Sentencia de 6 de Julio de 2005; todas ellas, de la Sala Cuarta de lo
Social del Tribunal Supremo.
Esta Doctrina dimanante, «singularmente», de los casos personales antes
citados asienta la irrectroactividad de la aplicación del baremo de
clasificacion de minusvalía, operadas con anterioridad a la entrada en
vigor del RD 1971/99 y 1169/03, determinándose por el alto Tribunal la
«Obligación legal de las CCAA y del IMSERSO de aplicar una
«automática» homologación de los derechos ya adquiridos.
Pese a estos importantes pronunciamientos del Alto Tribunal referentes a
la aplicación de la norma y a sus efectos transitorios, éstos han pasado
inadvertidos para la comunidad afectada y, por tanto, deberán ahora ser
plasmados, de «una vez por todas», en una sentencia que permita
extender sus efectos «erga homnes» a todas las personas afectadas.
Podemos concluir que, la norma impugnada tuvo unos graves efectos
económicos y personales para la población afectada, ya que las personas
valoradas con estos absurdos criterios, no sólo «no han mejorado» su
estatus social y su calidad de vida, sino que muchas de ellas «han
empeorado» hasta el punto de morirse. La calle y la protesta colectiva y
solidaria tienen la última palabra ante esta ignominia.
Aquí tenéis a vuestra disposición los materiales de la impugnación del
Real Decreto de Minusvalías 1169/03 y 1971/99, realizado por la Mesa
Sida Galizahttp//:
www.presosgaliza.cespp.org
Teléfonos de contacto:
PreS.O.S Galiza (Compostela) – Fran del Buey 695 901 787Comité
C. AntiSida (Lugo) Marisa
Sánchez 982 100 813

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